Paro de contribuyentes

POR: JORGE ENRIQUE PAVA QUICENO

El origen de los impuestos no es otro que la aplicación del principio constitucional de que todos los colombianos tenemos el “deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”. 

Con base en esto el Estado nos asedia y esquilma de una manera inmisericorde, aduciendo que solo así podremos vivir en un país mejor. ¿Mejor? Nos enrostran la infraestructura vial, pero no nos dicen que no es el Estado quien la paga, sino los usuarios a través de repetidos peajes que a su vez enriquecen a unos pocos;  nos cobran impuesto de rodamiento (hoy llamado impuesto de vehículo), cuando tenemos calles intransitables por su deterioro, descuido o negligencia, además del pico y placa que nos limita la movilidad;  IVA e Ipoconsumo a productos básicos, y los dineros van a parar al barril sin fondo de la burocracia estatal; Industria y Comercio, para engrosar las arcas municipales  que terminan en manos de los corruptos; predial, que debería significar desarrollo y progreso, y se difumina en contrataciones sin sentido; Sayco y Acinpro, que terminan disueltas en un mar de despilfarro y corrupción; Cámara de Comercio, cuya justificación hace rato se perdió;  impuesto de seguridad, que va para nuestra fuerza pública y acaba engordando un armamento imposible de utilizar en nuestra defensa.

Pero, ¿a qué viene todo esto? Pues a que el verdadero origen y motivación de los impuestos está totalmente desfigurado en Colombia. A que los conceptos de justicia y equidad desaparecieron por completo y pasaron a ser reemplazados por los de perversión, anarquía y favorecimiento de los que menos merecen. A que mientras la mayoría de ciudadanos de bien (sí: de bien, ¿y qué? ¿Acaso no hay en Colombia algunos que se autodenominan “Decentes”, y lo único que tienen para mostrar es un extenso prontuario?); repito: mientras los ciudadanos de bien somos exprimidos inmisericordemente por la Dian, la seguridad desapareció de las calles; las carreteras están en manos de facinerosos; la educación se paralizó; los jueces y magistrados entraron en un perverso letargo; los estudiantes cambiaron las aulas por calles, y los lápices por piedras o bombas molotov; y esos gastos e inversiones del Estado se convirtieron en fuente inagotable de recursos exclusivamente para los maquinadores de la parálisis nacional, y para quienes viven como parásitos de la nómina oficial.

¿Habrá justicia y equidad? ¡No! Nunca las habrá mientras la nómina les llegue cumplidamente a quienes no trabajan, ni dejan trabajar; a quienes devengan millonarios sueldos (congresistas, magistrados, JEP, Fecode, dirigentes sindicales, etc.) por utilizar su tiempo laboral en reclamar absurdos; a quienes demandan más privilegios sin autoridad moral para ello; a quienes tienen la función de controlar y se transan con sus controlados a cambio de prebendas; a quienes se les paga por investigar los fraudes y cierran sus ojos ante la corrupción y el descaro. ¡No, no hay justicia y equidad! Y entonces, ¿por qué no provocamos un paro de contribuyentes? ¿Por qué no declararnos en huelga de impuestos y negarnos a pagar esa exacción que solo está alimentando una burocracia inoficiosa? ¿Por qué no exigirle al Estado que ejerza su autoridad y cumpla los mandatos constitucionales, y mientras tanto declararnos en cese absoluto de pagos impositivos? 

Puede ser una utopía, pero tendría más asidero constitucional y legal que cualesquiera de aquellas acciones que hoy resultan validadas y protegidas por el propio Estado, por ser supuestamente un derecho legítimo a la protesta. Si el Estado soporta inactivo que se bloqueen las vías principales del país; que se vandalicen los bienes públicos y privados; que se impida la alimentación escolar; que se suspenda la educación; que se violente la movilidad; que se atente contra la vida, honra y bienes de los ciudadanos de bien, ¿tendrá justificación legal, que a quienes padecemos la ausencia estatal se nos exija el pago de impuestos, cuando estamos impedidos para producir? 

Si el Estado acolita la violación de los derechos fundamentales de quienes tributamos, tendrá que acolitar también el cese del pago de los impuestos que hace rato perdieron su soporte constitucional. ¡No sería descabellado!

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